Sin haber terminado su trabajo de 120 días calendario, sin haber interrogado a todos los participantes o testigos, y sin siquiera haber reunido pruebas o indicios suficientes que incriminen a Alejandro Toledo, ha aprobado un pedido de los congresistas fujimoristas Juan Díaz Dios y Pedro Spadaro, para contratar una empresa internacional que rastree las cuentas privadas de Toledo y su esposa en el extranjero.

El objetivo es buscar alguna relación entre los fondos de Joseph Maiman, sus empresas en Panamá y Costa Rica, y la pareja Toledo-Karp.

De nada le ha valido a la Comisión de Fiscalización disponer -casi en secreto- de información pormenorizada remitida por la 48 Fiscalía Penal de Lima y por los propios investigados, sin que el presidente Vicente Zeballos haya logrado elaborar un solo argumento que amerite la contratación de la empresa extranjera.

El 11 de octubre de 2013, la 48 Fiscalía Penal de Lima entregó a la Comisión de Fiscalización, 175 folios en copia certificada de documentos de la investigación que se sigue a Eva Fernenbug.

El 18 de octubre, la Superintendencia de Banca y Seguros entregó otros 428 folios que sustentan los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde queda meridianamente claro que la tarjeta de crédito de Eliane Karp no fue pagada con fondos de Ecoteva, como dijo el congresista Díaz y como sostuvo el propio presidente de la comisión, Vicente Zeballos.

El 24 de octubre de 2013 el investigado Josef Maiman presentó, a través de su abogado, copia certificada de su manifestación ante la fiscalía y documentos que sustentan su versión de que es propietario de los fondos de la empresa Ecoteva.

Maiman detalló que los fondos que la Comisión investiga (los fondos de Ecoteva que permitieron la compra de los bienes inmuebles) pertenecen a las empresas Ecoteh y Milan Ecostate, que a su vez administran recursos del Grupo Merhav, que es de su propiedad.

En lugar de analizar esta información detallada y sacar conclusiones, la Comisión de Ficalización decide ignorarla y aprobar que una empresa internacional rastree los fondos personales de Alejandro Toledo y Eliane Karp.

Es más, los propios congresistas miembros de dicha comisión no pueden acceder a dicha información. En la octava sesión ordinaria realizada hoy miércoles 06 de noviembre de 2013, la comisión acordó no entregar copia de estos documentos a los congresistas, sino disponer solo su consulta. ¿Puede acaso tomarse en serio una investigación de esta naturaleza?

Pero lo más grave es que la moción 7009 aprobada por el pleno del Congreso no faculta a la Comisión a aprobar un pedido semejante. Esa moción dispuso investigar la presunta adquisición irregular de inmuebles y el origen de los fondos. Los fondos son de Maiman e irregularidades en la compras de los inmuebles no han existido.

Salvo que la comisión demuestre lo contrario.

Recapitulando, si la Comisión ya tiene conocimiento del origen de los fondos, ¿qué objeto tiene contratar una empresa internacional para rastrear las cuentas de Toledo y su cónyuge? ¿No es esto acaso la evidencia más notoria de una persecución a todas luces política? No estamos ante un debido proceso, sino ante un proceso contra natura.